DERECHOS Y LIBERTADES LABORALES Y SINDICALES: EL CASO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA

Un principio esencial y regla de oro para el ejercicio, defensa, promoción, divulgación y desarrollo de los derechos humanos es la coherencia que debe existir entre la prédica y la práctica. El discurso de los derechos humanos no puede estar divorciado de su realización en la vida cotidiana. Es un contrasentido hablar de derechos humanos y al mismo tiempo vulnerarlos o propiciar su quebrantamiento.

Desgraciadamente este precepto no se cumple cabalmente en la Defensoría del Pueblo. Los hombres y mujeres trabajadores de los derechos humanos, que dedican o han consagrado su vida y esfuerzo para proteger a las personas más desamparadas y débiles, hoy son víctimas del pánico laboral. Sobre ellas se ejerce en la actualidad un régimen de miedo, amenaza y vulneración de sus derechos fundamentales. La coacción, el maltrato, la orden imperativa es el estilo que se ha impuesto en la que se considera la “casa de los derechos humanos”.

El afán protagónico, la lujuria de la imagen y el culto a la personalidad están desnaturalizado la misión constitucional de la Defensoría. El desconocimiento de los fundamentos sustanciales de los derechos humanos, tanto conceptuales como prácticos, van socavando “la alta magistratura moral y de opinión” que es el soporte y el poder de la Defensoría del Pueblo. El estilo banal y mediático ha ocupado el centro de las acciones, mientras que problemas estructurales de violaciones graves y masivas a los derechos humanos de la población se agudizan ante la mirada impasible de quienes están obligados a protegerlos.

Un país que se apresta a salir de un estado permanente de violaciones y que anhela construir una cultura de respeto, vivencia y realización de los derechos y libertades fundamentales con justicia social, requiere de una Defensoría ética, transparente y decididamente dedicada a esa labor. Quienes hoy la dirigen al parecer carecen de esa vocación, porque su soberbia obedece a otros intereses menos altruistas. Lo que se vive al interior es el imperio de la arbitrariedad, de la politización y el abuso hacia quienes expresan criterio propio, analizan y proponen alternativas que no encajan en los designios de los altos ejecutivos.

Todo se desvanece en la fatuidad de la forma, en tanto que los problemas y denuncias de infracciones y violaciones a los derechos y libertades fundamentales se agudizan y acrecientan. Ese no es el papel que debe desempeñar la institución garante de los derechos humanos, sino aquel que le imprimió la Asamblea Nacional Constituyente, de ser organismo rector, protector y educador de derechos. Por eso es necesario que todas y todos los servidores de la Defensoría, con la participación ciudadana, las ONG de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto estén vigilantes de las acciones de la Defensoría, hagan las denuncias respectivas por su inoperancia y reclamen una gestión eficaz en la defensa, protección, promoción, divulgación y proyección de una verdadera cultura de derechos humanos.

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