¿Esta es la paz de la que habla Santos? El Drama de los Desplazados de la Hacienda Bellacruz, munici

Desde el pasado 30 de junio campesinos desplazados por paramilitares hace casi 20 años, intentan retornar a la Hacienda Bellacruz, en La Gloria (Cesar) bajo agresiones de miembros de la Policía Nacional, que ya dejan varias personas heridas.

En este caso, como en muchos otros se observa claramente cómo todo el aparato estatal se pone al servicio de la empresa privada y demuestra que la Ley 1448 de 2011, aún está distante de brindar herramientas a la víctimas para que puedan rehacer sus proyectos de vida, pero sí ha resultado útil para que el Gobierno Nacional la presente como un gran avance en materia de derechos humanos e instrumentalizarla para quedar bien ante la comunidad internacional, comunidad que ha dejado a un lado su papel activo en defensa de los derechos humanos y en los últimos años se ha convertido en testigo, casi silenciosa de la continuidad de las violaciones masivas y sistemáticas contra la población civil en Colombia.

La historia de los predios que se conocen como Hacienda Bellacruz, hoy hacienda La Gloria, es de vieja data. En 1990 los campesinos que allí vivían, solicitaron al Estado, a través del INCORA, la clarificación de propiedad de los predios que componen esta hacienda. En el año 1994, estos predios fueron declarados como baldíos de la nación, mediante la Resolución 1551 del 20 de abril de ese año, de igual modo una demanda sobre éste caso, presentada ante el Consejo de Estado no fue admitida en su momento por el alto tribunal.

Para el año 1996, las comunidades de Bellacruz fueron desplazadas forzosamente como consecuencia de una serie de agresiones por parte de grupos de paramilitares contra los campesinos que esperaban la titulación de los predios, hechos por los cuales fue condenada la nación en 2013. El éxodo forzoso de la comunidad facilitó sin duda, la ocupación y apropiación ilegal de los baldíos por parte de la familia Marulanda Ramírez, la misma del exministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco y exembajador ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, famoso por su detención en España por vínculos con grupos paramilitares, entre otros delitos. Hizo parte del proceso judicial como responsable del desplazamiento de las 280 familias que ocupaban los predios de la hacienda, en 2002 fue puesto en libertad por el entonces Fiscal Luis Camilo Osorio, conocido por haber hecho este tipo de favores a varios socios del paramilitarismo. La relación de Marulanda Ramírez con las AUC aparece en los expedientes de las versiones libres rendidas por varios paramilitares ante la unidad de Justicia y Paz Fiscalía General de la Nación, uno de ellos, el reconocido jefe paramilitar Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’.

En el año 2008, la empresa La Dolce Vista Estate de Germán Efromovich, adquirió los predios de la hacienda, incluyendo los baldíos identificados por el INCORA, para la expansión de su imperio con cultivos de palma en esta zona. Sólo hasta el año 2011 el INCODER inició el proceso de recuperación de baldíos que culminó con la expedición de la Resolución 481 del primero de abril de 2013, que ordena la restitución de 1.178 has. a la nación, decisión ratificada mediante la Resolución 3322, del 9 de noviembre de ese mismo año. Estas decisiones no fueron inscritas por la oficina de registro de instrumentos públicos de Aguachica (Cesar) ni por la superintendencia de notariado y registro en los folios de matrícula de los predios en cuestión, argumentando que se debía esperar el fallo del Consejo de Estado del recurso de revisión contra las resoluciones, interpuesto por Efromovich y sus socios, lo cual por supuesto impidió que el INCODER iniciara las gestiones para la recuperación de los baldíos.

A principios de este año, el INCODER, mediante la resolución 334 del 19 de febrero de 2015, revocó las resoluciones de 1990, 1994 del INCORA y las de 2013 del INCODER. ¿Esa es la paz de la que tanto se habla? Un régimen en el que todo el aparato está al servicio de la empresa privada es una dictadura. Quién beneficia más a la humanidad, cómo somos más soberanos, ¿con Efromovich y sus empresas o con los campesinos cultivando sus tierras y cosechando alimentos?.

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